Una de las estrategias de las entidades orientadas a las microfinanzas es la relacionada con la inclusión financiera. Sin embargo, por un lado, las entidades están hoy afectadas negativamente por el Covid19, debido a las restricciones impuestas justificadamente para el cuidado de la salud que impidieron el normal desenvolvimiento de labores; y, por otro lado, agregar la insuficiente liquidez del sistema ocasionada por las disposiciones legales de diferimiento de los créditos desde marzo hasta diciembre de 2020, para atender necesidades de quienes están en condiciones de reactivar su negocio o iniciar uno nuevo. Esa falta de recursos financieros se agrava por un limitado dimensionamiento de dichas necesidades, de parte del órgano legislativo en el país que, restringe el flujo de recursos financieros que viene del exterior.

Ante ese escenario, se hace extremadamente relevante que, hacia adelante, se formule una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera siguiendo el ejemplo de otros países en la región y adecuando a nuestras características las principales acciones para el efecto.

Una estrategia nacional implica, primero, generar un consenso multisectorial con la participación del sector público, en sus instancias legislativa y ejecutiva y del sector privado. Con ese consenso crear una estructura institucional que acompañe las políticas de estabilidad financiera y económica, generando así un equilibrio en el desarrollo social y económico del país.

Considerando que las entidades microfinancieras bolivianas atienden especialmente a los sectores de bajos ingresos, ya que esa es su misión desde sus orígenes, es recomendable partir de su buena experiencia con dichos sectores para desarrollar un diagnóstico. Con esa base, se formulen objetivos concretos acordes a los diferentes segmentos poblacionales a cubrir con la gama de servicios financieros disponibles, como son ahorros, créditos, seguros, pago de servicios, educación financiera, etc., aprovechando, además, los avances tecnológicos al servicio de la población.

Como ejemplo, considérese a las personas de las ciudades intermedias y/o del área rural, principalmente mujeres y jóvenes, que requieren inclusión financiera pues son las que menos acceden a los servicios financieros; el desafío de las entidades financieras está no en esperar la migración campo-ciudad, sino más bien migrar sus servicios hacia donde están dichas personas., aprovechando los avances tecnológicos y con el menor uso de infraestructura física posible.

El costo económico y sobre todo social, que representa la mala calidad de vida que deben soportar gran parte de los migrantes cuando se trasladan a los sitios periféricos de las grandes ciudades es mucho más alto que el llevar a cabo la traslación de los servicios financieros, si se trabaja responsablemente y en forma cooperativa entre todos los sectores.

La inclusión financiera, para el caso anterior, implicará lograr una armónica actuación entre las entidades financieras, las empresas de telecomunicaciones y organismos públicos pertinentes.

Una alianza para la inclusión financiera de las tres instancias (como el ejemplo anotado) sería, además de economizar costos, de alto valor en términos de aproximación al cliente, generación de canales alternativos de servicios financieros y adaptación a las necesidades de los clientes.

Con una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera debidamente institucionalizada, se facilitarán las alianzas de distintos actores para lograr sus objetivos económicos en equilibrio con la alta demanda de la población que actualmente no accede, o no usa apropiadamente dichos servicios para su bienestar financiero.